Están imputados como coautores de los delitos de privación ilegítima de la libertad y estafas reiteradas. La Unidad Fiscal de Delitos Complejos consiguió que se aprobara el requerimiento de apertura a debate oral y público.
Por pedido del Ministerio Público Fiscal, este último martes 25 de marzo se llevó a cabo la audiencia de control de acusación y admisibilidad de la prueba, con el fin de elevar a juicio oral y público la causa en contra de los hermanos Diego Hugo Córdoba y Federico Nicolás Córdoba. Ambos están acusados de estafar a jubilados, a quienes engañaban para apoderarse de su dinero y bienes. Según la teoría del caso, se hacían pasar por empleados del PAMI y se ofrecían para el cuidado y la realización de trámites para así ganar su confianza.
El caso se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, dirigida por Mariana Rivadeneira, quien en esta ocasión estuvo representada por la auxiliar de fiscal Brenda Deroy. La investigadora relató los tres hechos imputados (ver aparte) y precisó que a los hermanos se les atribuye ser presuntos coautores del delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por la condición de víctima mayor de edad y que no puede valerse por sí misma, en concurso real con el delito de estafas reiteradas. En ese sentido, adelantó que la pena pretendida por el Ministerio Fiscal es de 13 años de prisión de cumplimiento efectivo.
“En los tres casos se trata de personas vulneradas en su voluntad, engañadas, a quienes también se les ha provocado un perjuicio patrimonial, con el agravante de que a una de las víctimas tuvieron que sustraerla de su ámbito normal de vida durante varios días”, manifestó Deroy, al tiempo que agregó: “De las averiguaciones personales de ellos, no encontramos evidencias de un trabajo que sustente sus vidas de manera legal. No sabemos cuáles son sus ingresos. Sí entendemos que los obtienen de esta manera. En este caso son tres las víctimas que llevamos a juicio, pero se han encontrado poderes de otras personas y hasta se halló a otra persona residiendo con ellos”.
A continuación, la Fiscalía mencionó detalladamente cuáles serán las pruebas testimonial y documental que presentará en el juicio, y por otro lado requirió que se ordene la prórroga por el plazo de 45 días del arresto domiciliario (se vencía ahora) que vienen sufriendo los Córdoba. En su resolución, la jueza hizo lugar a la extensión de la medida, así como también al requerimiento de apertura al debate.
La acusación
Hecho 1
Los hermanos Córdoba, haciéndose pasar por empleados de PAMI y simulando ser enfermeros, se presentaron ante una mujer y se ofrecieron para ayudarla con su abuelo de 83 años que se encuentra en silla de ruedas, en la realización de trámites para la obtención de medicamentos en el PAMI, llevarlo a las consultas médicas y a cobrar su jubilación. Para ello, y mediante engaños, generaron un vínculo de confianza a los fines de que el anciano les entregara poderes de administración y disposición de bienes. El 15 de mayo del 2024, se presentaron en la casa del abuelo, en Villa Alem, y tras manifestar que tenían que llevarlo al kinesiólogo, lo trasladaron a un domicilio en la localidad de los Quemados (Leales), sin informar a la familia. Lo mantuvieron oculto durante seis días y lo llevaron al banco para cobrar un plazo fijo por $ 11.784.112, apropiándose del dinero.
Hecho 2
Durante el 2023, los acusados comenzaron un acercamiento con una vecina de 76 años y ofrecieron ayudarla en asuntos jurídicos, cobro de deudas y realización de trámites en PAMI y en el banco. Para ello, se ganaron su confianza visitándola en su casa, llevándola en varias oportunidades a realizar trámites en PAMI y en el banco para que cobre su jubilación. También hablaron con un abogado sobre una sucesión que tiene, consiguiendo que la víctima les entregara $ 26.000 pesos para gestionar una deuda y otros montos por $ 870.000 para los trámites. En tanto que su hija les hizo transferencias por $ 246.500 para que le dieran a su madre, pero no le entregaron la totalidad, faltando $ 126.000.
Hecho 3
Los Córdoba son vecinos de un señor de 74 años y su esposa de 64, y desde aproximadamente octubre del 2023 comenzaron un acercamiento con ambos con la finalidad de ganarse su confianza. El hombre les comentó sobre un juicio por un accidente laboral y le ofrecieron ayudarlo garantizando que iba a cobrar $ 3.000.000. Para la gestión y el cobro, le pidieron $ 1.200.000. Los llevaron hasta el banco y tomaron dos préstamos (de $ 138.000 y $ 104.000). Además, la víctima sacó un préstamo de $ 200.000 con una vecina, plata que les entregó a los hermanos. Asimismo, uno de los acusados se presentó en la casa de una prestamista y, haciéndole creer que había sido enviado por el señor, tomó un préstamo por $ 100.000, quedándose con la plata.
