El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán puso en el centro de su última sesión el reclamo por el financiamiento del sistema universitario y avanzó en una respuesta institucional ante un pedido del Ministerio de Capital Humano.
San Miguel de Tucumán, 28 de abril de 2026. El Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán, presidido por el rector Sergio Pagani, volvió a poner sobre la mesa la crítica situación del sistema universitario y reclamó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En la sesión ordinaria también se abordaron expedientes académicos e institucionales, pero el eje político de la jornada quedó atravesado por el pedido de fondos y por la respuesta que la casa de estudios dará a Nación.
Uno de los puntos centrales fue la recepción de una nota del Ministerio de Capital Humano dirigida a las universidades públicas. En ese documento, la cartera nacional pidió que se informe qué medidas adoptan las instituciones para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes en medio de los paros docentes y nodocentes. Frente a ese planteo, el cuerpo resolvió avanzar en la redacción de un comunicado institucional como respuesta formal.
La comisión encargada de elaborarlo quedó integrada por María Cristina Grunauer de Falú, Mateo Martínez, Fernando Valdez y Evaristo Ulivarri. Además, se indicó que el Consejo Interuniversitario Nacional elaborará un documento en representación del conjunto de las universidades nacionales.
Durante la reunión, el Consejo Superior también aprobó las actas de la sesión del 14 de abril y dio curso favorable a convalidaciones de convocatorias a concursos, designación de comisiones evaluadoras y otros expedientes vinculados con la actividad académica. A eso se sumaron trámites de la comisión de Interpretación y Reglamento y del Consejo de Posgrado.
El reclamo de la UNT se inscribe en un escenario nacional de creciente tensión por el financiamiento universitario. El CIN sostuvo en abril que la comunidad universitaria y científica volvió a exigir el cumplimiento de la Ley 27.795, norma que regula el financiamiento de la educación universitaria y la recomposición del salario docente, y advirtió que las transferencias a las universidades públicas cayeron 45,6% en términos reales entre 2023 y 2026.
En ese contexto, el organismo reclamó la aplicación urgente de los artículos vinculados a salarios y becas, además de advertir sobre el deterioro del funcionamiento del sistema.
