En medio de una crisis que pone en jaque el funcionamiento de las casas de altos estudios, se presentó en el Congreso de la Nación un Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las Universidades Nacionales mediante un esquema económico estable, previsible y sin impacto negativo sobre las cuentas públicas.
Esta propuesta legislativa busca poner fin a la incertidumbre financiera que atraviesan las instituciones de educación superior del país, otorgándoles herramientas concretas para planificar a largo plazo, con garantías de autonomía y autarquía presupuestaria.
Principales ejes del proyecto
El proyecto contempla seis grandes pilares que abarcan desde lo salarial hasta el fortalecimiento de carreras estratégicas y el acceso estudiantil. Estos son los puntos destacados:
- Recomposición salarial inmediata para los docentes y nodocentes, tomando como base la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Se establece, además, la convocatoria obligatoria a paritarias trimestrales con aumentos mensuales que al menos igualen el índice de precios del INDEC.
- Gastos de funcionamiento garantizados y actualizados anualmente por la inflación, a fin de asegurar el desarrollo normal de las tareas académicas, de investigación y de extensión.
- Creación de un fondo de $10.000 millones para carreras estratégicas, priorizando áreas clave como inteligencia artificial, investigación aplicada y cooperación internacional, fundamentales para el desarrollo productivo y científico nacional.
- Ampliación progresiva de las becas estudiantiles, con fortalecimiento de los programas Progresar y Manuel Belgrano, y un foco especial en los sectores más vulnerables.
- Asignación de recursos mediante una “Proporción Universitaria”, garantizando una participación específica del sistema universitario dentro del esquema de coparticipación federal, sin afectar los fondos que reciben las provincias.
- Un objetivo de inversión del 1,5% del PBI en educación universitaria para el año 2031, con un cronograma de incrementos anuales contemplado dentro del Presupuesto Nacional.
Reconocimiento de la educación superior como derecho humano
El proyecto de ley se apoya en una sólida base jurídica, económica y social, y reconoce explícitamente a la universidad pública como un derecho humano universal, un bien social colectivo y un instrumento esencial de movilidad social ascendente.
En sus fundamentos, la iniciativa remarca que la prórroga del Presupuesto 2023 generó un desfasaje del 134% con respecto a la inflación, provocando una situación crítica para el sostenimiento de las actividades universitarias. A su vez, denuncia que más del 70% del personal universitario se encuentra bajo la línea de pobreza y que el presupuesto proyectado para 2025 representa solo el 50% de lo necesario para mantener en funcionamiento las actividades sustantivas de las universidades públicas.
Apoyo desde la Universidad Nacional de Tucumán y otras casas de estudio
Desde la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y otras instituciones que integran el sistema público universitario argentino, se manifestó un firme respaldo al proyecto y se solicitó un rápido tratamiento legislativo. Las autoridades consideran que esta propuesta responde a una necesidad urgente y a un mandato social claro: defender, sostener y proyectar la educación pública como herramienta de igualdad y desarrollo nacional.
En un contexto donde el debate por el rol del Estado en la educación superior se encuentra más vigente que nunca, esta ley busca blindar el futuro académico y científico del país, protegiendo a las universidades del vaivén de las coyunturas políticas y económicas.
