La causa fue declarada como asunto complejo por pedido de la Unidad de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del MPF. Multiplicidad de víctimas.
El jueves, 16 de mayo, por solicitud de la Unidad Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Público Fiscal se realizaron ocho allanamientos en distintas oficinas de calle Lamadrid, barrio Sur, por una causa donde se investiga al dueño de una financiera (de 48 años). En el día de hoy, miércoles 31 de julio, la auxiliar de fiscal, María Paula Bellomio, por expresas instrucciones de la fiscal María del Carmen Reuter, pidió una audiencia para que se declare el caso como asunto complejo debido a la multiplicidad de víctimas. Luego de contextualizar las circunstancias fácticas (ver aparte), la investigadora señaló: “Esta es una investigación que claramente reviste uno de los caracteres fundamentales que enseña el artículo 389 de nuestro Código Procesal Penal de Tucumán que indica que, cuando se trata de una causa con una multiplicidad de víctimas el Ministerio Público Fiscal en cualquier estado del proceso puede solicitarlo. Existen instrumentos que deben ser analizados por peritos específicos contables”. Sobre otros posibles cómplices, Bellomio indicó: “Quién figura como principal sospechoso en el marco de la presente causa no es el único al cual las víctimas mencionan y ese es otro de los caracteres indicados como causa de asunto complejo cuando existe una multiplicidad de imputados quienes también podrían verse involucrados en la presunta comisión de los hechos delictivos”. Luego de un cuarto intermedio, el juez actuante autorizó que la causa sea declarada como asunto complejo (donde se extienden los plazos procesales) conforme a las 50 denuncias presentadas hasta el momento.
Los allanamientos
En carácter simultáneo se realizaron ocho allanamientos en distintos domicilios de nuestra provincia arrojando como resultados una multiplicidad de documentación, tales como chequeras y recibos, además, de dispositivos electrónicos (computadoras y celulares). Estos últimos están siendo analizados por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). Además de Bellomio, de las tareas en el lugar participó la instructora Florencia Giménez.
La presente causa se inició formalmente por una denuncia policial realizada el 1 de diciembre del año pasado. Con posterioridad, se sumaron otras, todas con similares características siendo coincidentes los denunciantes en manifestar que en el período de 2016 hasta diciembre de 2023 funcionó una financiera destinada a la gestión y otorgamiento de créditos a personas, gremios y municipalidades de todo el país, y la cual tenía asiento laboral en un piso del edificio ubicado en calle Lamadrid al 400 de esta ciudad capital. Se sospecha que el dueño junto a otros recibía dinero de inversores subscribiendo con ellos un contrato mutuo (que duraban entre 3 a 6 meses). Según la última denuncia, del 26 de abril de este año, la financiera recibía capital en dólares y pesos de estos inversores colocándolos en una mutual con la finalidad de otorgar créditos a empleados públicos y dependientes del Poder Judicial de la provincia. Las ganancias obtenidas retornaban al inversor en forma de intereses, los cuales si no se retiraban, se capitalizaba junto al capital de inversión. Esto se realizó con aparente normalidad hasta el mes de julio de 2023, cuando el sospechoso y su personal a cargo continuaron insistiendo en tomar fondos de inversores, a sabiendas que no podían hacer frente a todas esas obligaciones, por lo que comenzó a librar cheques sin fondos con una cuenta bancaria que se encontraba cerrada. Asimismo dejó de enviar a sus inversores los informes mensuales y les negó el retiro de dinero sin ninguna justificación. Posteriormente, desapareció dejando de contestar mensajes, llamadas o tratándolos de forma evasiva, incluso mintiendo en que ya no funcionaba dicha oficina, ocasionando de esta manera un grave perjuicio económico en todos los inversores.
