A ocho años del femicidio, Martá, mamá de Johana Ramallo reclama que se aceleren las audiencias y acusa a la Justicia de “manosear la memoria” de la joven.
“Siguen manoseando la memoria de mi hija”
El juicio contra la supuesta red de trata que habría captado, explotado y abandonado a su suerte a Johana Ramallo, la joven platense desaparecida en julio de 2017 y hallada asesinada un año después, atraviesa su séptimo mes casi sin avances reales.
Desde abril, el Tribunal Oral Federal N.º 2 de La Plata juzga a ocho imputados por delitos vinculados a trata de personas, explotación sexual y narcotráfico en la zona roja de La Plata, pero el debate avanza a cuenta gotas: apenas diez audiencias realizadas, varias de ellas virtuales, otras suspendidas a último momento y una última jornada que duró apenas 18 minutos.
“Siguen manoseando la memoria de mi hija”, expresó Marta Ramallo, madre de Johana, al salir de los tribunales federales. Para la familia, las dilaciones, la ausencia de testigos y las excusas por “problemas de agenda” de jueces y defensas configuran un escenario de impunidad que se acumula sobre años de espera.
El tribunal está integrado por los jueces Germán Castelli, Andrés Basso y Nelson Jarazo. Castelli, que también interviene en la causa Cuadernos, solo estuvo de manera presencial en las primeras dos audiencias y recién volvió a sentarse en su lugar en la última cita. En el medio, hubo suspensiones por fallas técnicas, pedidos de virtualidad por parte de los imputados y audiencias espaciadas “para ahorrar recursos”, según justificó el propio tribunal.
Un juicio que se estira y una madre que no baja los brazos
Los ocho acusados están señalados por la fiscalía y la UFEM como integrantes de una organización criminal que habría operado entre 2016 y 2017 en la zona roja platense, explotando sexualmente a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad y consumo problemático.
En ese esquema, los varones de la banda —apodados “Los ocho cuarenta”— habrían ofrecido los servicios sexuales de las mujeres, mientras que las de mayor edad, conocidas como “Las viejas”, recorrían el territorio, cobraban “peaje” y controlaban la calle. La fiscalía pidió incluso analizar si ellas mismas no estaban también sometidas dentro de ese sistema prostituyente.
Aunque este juicio se centra en la trata, la explotación y la venta de drogas, y no directamente en el femicidio de Johana, la familia entiende que cada demora afecta el avance de todas las causas. Desde mayo, varios imputados dejaron de presentarse en la sala: alegan ataques de pánico, problemas de salud, visitas familiares o simplemente piden declarar por Zoom.
“No podemos permitir que vayan o no según su humor. Que se la banquen. Para la Justicia son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero para la sociedad que pide justicia por las pibas ya están condenados”, planteó Marta, que hace años acompaña a otras madres de víctimas y se transformó en una de las voces más potentes del reclamo contra la trata de personas.
La última audiencia expuso con crudeza la fragilidad del proceso: estaban citados tres testigos y solo asistió uno, el playero de la estación de servicio donde se vio por última vez a Johana con vida. La audiencia duró 18 minutos, el testigo aseguró no recordar casi nada y cuando la querella intentó confrontarlo con su declaración original, puso en duda hasta su propia firma. El tribunal no repreguntó y lo dejó ir.
“Iba a ser una audiencia clave, porque se iban a mostrar los videos de mi hija, la última vez que se la ve con vida. Lo que pasó es un manoseo al expediente y una impunidad que se viene sosteniendo hace tiempo”, denunció Marta.
“Para ellos es un expediente más. Para mí es la vida de mi hija”, resumió.
Johana tenía 23 años cuando desapareció y era madre de una niña de seis. Para la querella, la dispersión y las demoras en las audiencias impactarán de lleno en la etapa de alegatos: menos pruebas, menos testimonios y más margen para la impunidad.
