Un proyecto conocido como “ley Cazzu”, que tomó relevancia en México, volvió a poner en discusión en Argentina los conflictos vinculados a la autorización para viajes internacionales de menores de edad. El tema fue analizado en el programa Tucumán con Todo, donde la abogada Ingrid Lausberg advirtió sobre las limitaciones del sistema legal vigente y su impacto en la vida cotidiana de muchas familias.
La iniciativa, inspirada en la situación personal de la cantante Cazzu, busca agilizar los permisos cuando uno de los progenitores no responde o se desentiende de la crianza. Aunque el proyecto aún no rige en Argentina, el debate expone una problemática que, según especialistas, se replica con frecuencia en el país y en Tucumán.
En ese sentido, Lausberg explicó que el sistema actual presenta una brecha entre la realidad y la ley. “La única solución hoy es pedir una autorización judicial”, afirmó, al referirse a los casos en los que uno de los padres no otorga o directamente no responde ante un permiso de viaje.
La abogada sostuvo que esta situación puede constituir una forma de violencia cuando el progenitor no conviviente bloquea decisiones clave. Según detalló, esto afecta especialmente a quienes asumen la crianza en soledad, en su mayoría mujeres. “Eso es lo importante: es una violencia que quien no se hace cargo tenga que autorizar antojadizamente la vida del otro progenitor”, señaló.
Uno de los puntos centrales del debate es la dificultad para probar judicialmente la ausencia o desinterés del otro progenitor. En ese contexto, Lausberg remarcó que los tiempos de la Justicia no acompañan las necesidades reales. Muchas veces, cuando llega una resolución, el viaje o la oportunidad ya perdió vigencia.
El caso testigo planteado en el programa —una madre que necesita viajar al exterior con sus hijos sin contar con la autorización del padre— refleja una situación habitual. En estos escenarios, el procedimiento implica iniciar un trámite judicial con costos económicos y desgaste emocional, sin garantías de una respuesta rápida.
Además, la especialista advirtió sobre una cuestión estructural: la persistencia de desigualdades en el sistema. Según datos mencionados en la entrevista, el 87% de las familias monoparentales están encabezadas por mujeres, lo que profundiza el impacto de estas trabas legales.
Finalmente, Lausberg recomendó, cuando sea posible, intentar acuerdos extrajudiciales o poderes amplios firmados ante escribano para evitar litigios. Sin embargo, reconoció que en muchos casos esto no es viable, lo que deja a las familias ante un sistema que aún no logra adaptarse a las dinámicas actuales.
