El abogado analizó en Tucumán con Todo, por la pantalla de América Tucumán, el avance de la causa por la muerte del niño de 4 años en Comodoro Rivadavia. Sostuvo que, además de la eventual responsabilidad penal de la madre y su pareja, también habrá que revisar cómo actuó la Justicia de Familia en el proceso que devolvió al menor al cuidado materno.
En medio de la conmoción nacional por el caso de Ángel López, el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, el abogado Exequiel Prado advirtió que la investigación no debería limitarse a la situación penal de la madre y de su pareja, sino avanzar también sobre el recorrido institucional que antecedió al desenlace. En una entrevista emitida en Tucumán con Todo, por la pantalla de América Tucumán, el letrado planteó que el punto más delicado del expediente pasa por revisar cómo se resolvió la revinculación y posterior restitución del niño al ámbito materno.
El caso dio un giro fuerte en las últimas horas: la madre de Ángel y su pareja fueron detenidos luego de que los primeros informes forenses señalaran traumatismos previos en la cabeza del niño, y la causa avanzara hacia una imputación por homicidio agravado. Antes de esas detenciones, la investigación se movía entre hipótesis como muerte dudosa, potencialmente ilícita, homicidio o abandono de persona seguido de muerte.
Sobre ese cuadro, Prado remarcó que primero habrá que determinar si hubo fallas en el proceso judicial y técnico que terminó modificando el cuidado personal del menor. En su análisis, una decisión de ese tipo no se toma de manera automática: intervienen equipos interdisciplinarios, informes psicológicos y sociales, y finalmente un juez. Por eso, consideró que si existían antecedentes de maltrato o señales de riesgo, la causa también podría abrir un capítulo sobre una eventual responsabilidad institucional. En esa línea, hoy el propio expediente está bajo cuestionamiento público: medios patagónicos reconstruyeron que el caso incluyó intervenciones del Servicio de Protección de Derechos y de equipos técnicos, mientras la querella del padre ya anunció una ofensiva contra funcionarios judiciales y peritos que participaron del trámite.
El abogado también explicó que, desde el punto de vista penal, el escenario más grave para la madre es el de homicidio agravado por el vínculo, mientras que para su pareja podría discutirse una coautoría o una agravante ligada a la convivencia. A la vez, marcó que la defensa podría intentar encuadres menos severos, como abandono de persona seguido de muerte o incluso homicidio culposo, aunque dejó en claro que todo dependerá de lo que terminen de establecer la autopsia y los estudios complementarios. Esa lectura coincide con el momento actual del expediente, donde la fiscalía y la querella esperan la audiencia de imputación para definir la figura legal con la que buscarán avanzar.
Otro de los puntos que Prado subrayó fue el trasfondo de denuncias cruzadas entre los progenitores. Según su mirada, en causas de familia de este tipo debe evitarse cualquier abordaje automático y escuchar con rigor a todas las partes, especialmente cuando hay un niño en situación de vulnerabilidad. El debate ya atraviesa a Comodoro Rivadavia: mientras una parte del expediente expone acusaciones del padre contra la madre y cuestionamientos al proceso de revinculación, desde la Justicia y documentos difundidos en medios locales también se recordó que existieron medidas previas contra el padre y la madrastra, además de audiencias formales de escucha al niño dentro del fuero de Familia.
Así, la intervención de Prado corrió el eje desde el impacto inmediato del crimen hacia una discusión más amplia: qué controles fallaron, qué alertas pudieron haberse pasado por alto y hasta dónde llega la obligación del Estado cuando un niño ya había sido objeto de una disputa judicial compleja.
