El acusado de 41 años sustrajo una caja de café. La propietaria del comercio lo descubrió a través de las cámaras de seguridad y fue a buscarlo. Quedó detenido con prisión preventiva por pedido del Ministerio Público Fiscal.
Este martes 25 de junio se realizó una audiencia de control de la aprehensión, formulación de cargos y pedido de medidas de coerción convocada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de Concepción, a cargo de Héctor Fabián Assad. Actuando en representación de la misma, el auxiliar de fiscal Alejandro Dieguez, imputó al sujeto de 41 años por el delito hurto simple consumado en concurso real con el delito de amenazas.
Según la acusación, el domingo pasado, aproximadamente a las 18:45 horas, el ladrón ingresó a un local comercial ubicado en la esquina de calle Monteagudo y Gervasio Artigas de la ciudad de Concepción y aprovechando la distracción de los empleados, sustrajo una caja de café de 250 gramos, ocultándola entre sus prendas. Cuando fue confrontado por la dueña del local, éste se negó a pagar y trató de escapar, pero fue detenido por la víctima. En respuesta, el sujeto amenazó de manera agresiva a la mujer, diciéndole que lo soltara o la agrediría antes de que llegara la policía. La comerciante lo retuvo con ayuda de vecinos hasta que llegaron los uniformados y lo esposaron.
Durante la audiencia la fiscalía indicó que cuentan con una videograbación captada por las cámaras de seguridad del local donde se observa el hecho. A su vez, se hizo mención de que el imputado, al momento de ser aprehendido por personal policial, tenía puesta una pulsera electrónica ya que se encontraba cumpliendo una condena con arresto domiciliario por otra causa. En virtud de ello, el representante del MPF requirió la prisión preventiva del acusado por el plazo de dos meses para avanzar con la investigación.
“Vemos que el acusado actúa con total desprecio a las normas. Teniendo ya contacto con la ley y condenado en otra causa, de igual manera salió a cometer un nuevo ilícito. Hay una notoria existencia de riesgos procesales”, sostuvo el investigador a la hora de pedir medidas de coerción de máxima intensidad.
En su resolución, el juez interviniente hizo lugar de forma parcial al requerimiento del MPF y ordenó que permanezca encerrado por el plazo de 30 días mientras avanza el proceso.
