El Senado de la Nación convirtió en ley el Presupuesto 2026, el primero correspondiente a la gestión del presidente Javier Milei, tras aprobar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados. La votación se realizó en el marco de sesiones extraordinarias y concluyó con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención.
Además de la aprobación en general, el oficialismo logró validar el texto en la votación en particular, realizada por capítulos. Al no introducirse modificaciones respecto de la versión aprobada previamente por Diputados, la iniciativa no deberá regresar a la Cámara baja y quedará en condiciones de ser promulgada por el Ejecutivo en los próximos días.
Con esta sanción, el Gobierno nacional contará por primera vez con una ley de presupuesto propia, luego de que durante los dos primeros años de gestión el Congreso no aprobara los proyectos presentados y el Ejecutivo administrara mediante prórrogas de presupuestos anteriores.
El Presupuesto 2026 prevé gastos totales por $148 billones, un superávit primario equivalente al 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit financiero del 0,3% del PBI. En cuanto a las proyecciones macroeconómicas, el texto contempla una inflación anual del 10,1% y un crecimiento del PBI del 5% para todo el año 2026.
Tras la sanción, el presidente Javier Milei, referente de La Libertad Avanza, destacó la aprobación de la norma y agradeció públicamente a Patricia Bullrich, Diego Santilli y a los senadores que acompañaron el proyecto. A través de la red social X, el mandatario señaló que se trata de un hecho sin precedentes en términos de equilibrio fiscal para un espacio político no peronista.
Cambios en educación y universidades
Uno de los puntos centrales del Presupuesto 2026 es la derogación del artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que establecía que el gasto en educación debía representar como mínimo el 6% del PBI. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), desde la sanción de esa norma en 2005, dicha meta solo se alcanzó en 2015.
Para la función Educación y Cultura, el Presupuesto asigna $7,7 billones. Considerando la inflación proyectada, esto representa una caída real del 1% respecto de 2025 y del 47,7% en comparación con 2023. En el caso de los vouchers educativos, se destinan cerca de $90 mil millones, lo que implica una reducción real del 13,5%.
En contraste, se prevé un aumento real del 4,1% en las partidas destinadas a becas, como el programa Progresar, y un incremento del 39,3% real para el Plan Nacional de Alfabetización, creado en junio de 2025, que recibirá $580 mil millones. Para las universidades nacionales, se asignaron $4.872 millones, con una caída del 7,2% respecto de 2025 y del 34,3% frente a 2023.
Jubilaciones y prestaciones sociales
En materia previsional, las prestaciones sociales tendrán un incremento real del 5,7%, según la OPC. Las jubilaciones crecerían un 6% en términos reales, aunque el bono extraordinario para quienes perciben la mínima sufriría una caída real del 13,8%, manteniéndose en $70 mil durante todo 2026. Esto implicaría una baja aproximada del 1% real para la jubilación mínima.
Asimismo, se observa una reducción del 10,6% real en las partidas destinadas a pensiones por discapacidad, asociada a un recorte de aproximadamente 155 mil beneficios.
AUH, planes sociales y políticas alimentarias
Las asignaciones familiares muestran un incremento real del 3,7%, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentaría un 6,4% real. Sin embargo, la prestación Alimentar tendrá una caída del 15,2% real, al igual que los fondos para comedores comunitarios, que se reducen un 28,9%.
En cuanto a los programas de empleo, el plan Volver al Trabajo registra una caída real del 70,6%, mientras que el programa Acompañamiento Social, destinado a personas mayores de 50 años, presenta un incremento real del 49,7%.
Finalmente, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señaló que el Presupuesto 2026 profundiza el ajuste iniciado en 2024 en áreas vinculadas a la igualdad de género, con recortes o reconfiguraciones en programas de prevención de la violencia, salud sexual y reproductiva y políticas previsionales.
