La decisión, adoptada a solicitud de la Confederación General del Trabajo (CGT), suspende la aplicación de reformas laborales hasta que se resuelva la cuestión de constitucionalidad.
En una decisión que marca un hito en la relación entre el poder ejecutivo y sindicatos, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo tomó medidas para frenar temporalmente las modificaciones laborales propuestas por el gobierno de Javier Milei. La medida cautelar estará vigente mientras se lleva a cabo un análisis exhaustivo sobre la validez constitucional de las modificaciones propuestas en el DNU.
Los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior, integrantes de la sala de feria de la Cámara del Trabajo, respaldaron la medida, argumentando la falta de «necesidad» y «urgencia» que justifique la omisión del Poder Legislativo en la formulación de leyes laborales.
«No se evidenciaría objetivamente la ‘necesidad’ de adoptar tan numerosas medidas y que, aunque ello pudiera -hipotéticamente- intentar justificarse en la referencias genéricas a ‘un hecho demostrado’, lo cierto y jurídicamente relevante es que no se avizorarían las que se alegan constituyan razones de ‘urgencia’ para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo», sostuvieron los jueces por mayoría.
Además, los magistrados expresaron su preocupación por la falta de explicación sobre cómo las reformas propuestas podrían abordar la estancada generación de empleo formal, especialmente cuando el propio decreto admite que esta situación persiste desde hace 12 años.
La resolución destaca que varias de las normas que el Poder Ejecutivo Nacional busca modificar tienen naturaleza represiva o sancionatoria, siendo catalogadas como ‘leyes antievasión’. Los jueces subrayaron la importancia de un proceso legislativo adecuado y cuestionaron la efectividad de aplicar cambios de manera inmediata y fuera del trámite normal de sanción de leyes.
La jueza Dora González propuso remitir la causa a la Cámara Contencioso Administrativo Federal para determinar qué fuero debe llevar adelante el expediente, agregando un nuevo capítulo a la complejidad de este caso que ha generado intensos debates en el ámbito legal y político.
