La Justicia ordenó al Gobierno aplicar de inmediato la ley de financiamiento universitario

Un juez federal suspendió el decreto de Javier Milei y dispuso actualizar salarios docentes, no docentes y becas estudiantiles en las universidades públicas de todo el país.

Un revés judicial para el Gobierno y alivio para la universidad pública

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a cargo del juez Martín Cormick, decidió suspender el decreto del Poder Ejecutivo que había frenado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795 y ordenó que el Gobierno la ponga en marcha de forma inmediata.

Con esta resolución, el Ejecutivo deberá actualizar los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales y aumentar las becas para estudiantes, tal como establece la norma. La medida responde a una acción impulsada por gremios universitarios y organizaciones estudiantiles que reclamaban el cumplimiento efectivo de la ley.

Cormick remarcó en su fallo que existe un deber claro por parte del Estado surgido del proceso legislativo: la ley fue aprobada por el Congreso, luego vetada por el presidente Javier Milei y nuevamente ratificada por ambas cámaras con la mayoría requerida. Frente a ese escenario, el juez advirtió que un decreto no puede dejar sin efecto una ley votada por el Parlamento.

En sus fundamentos, el magistrado subrayó que el deterioro salarial del sector universitario afecta no sólo a los trabajadores, sino también al derecho a enseñar y aprender, garantizado en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Además, consideró que no otorgar la medida cautelar implicaría un “ahorro poco significativo” dentro del presupuesto nacional frente al impacto que genera en la educación superior.

La suspensión del decreto regirá hasta que haya una decisión definitiva sobre el fondo de la cuestión. El juez también aclaró que la medida no genera efectos irreversibles, porque puede revisarse y ajustarse en el marco del debate presupuestario en curso.


Qué garantiza la Ley de Financiamiento Universitario

La Ley 27.795 apunta a asegurar recursos estables para la universidad pública, gratuita y de calidad. Entre sus puntos principales se encuentran:

  • Actualización automática del presupuesto universitario según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
  • Recomposición salarial remunerativa y bonificable para docentes y no docentes, incorporando sumas que hasta ahora eran no remunerativas.
  • Convocatoria obligatoria a paritarias nacionales universitarias, con actualizaciones que no pueden quedar por debajo de la inflación.
  • Refuerzo y ampliación de becas estudiantiles, con foco en alumnos en situación de vulnerabilidad para garantizar ingreso, permanencia y egreso.
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