Este martes 6 de agosto se realizó una audiencia para tratar la suspensión de juicio a prueba.
El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV, a cargo de Diego Hevia, quien fue representado por la auxiliar de fiscal Natalia María Carabajal.
A partir de una salida alternativa, se dispuso que los tres acusados deberán abonar la suma de $600.000, efectuar tareas comunitarias por un año, y cumplir con una serie de reglas de conducta por dos años, como una restricción de acercamiento a los damnificados.
El acuerdo fue oralizado por la defensa con dictamen favorable de la Fiscalía y con la anuencia de la víctima. El juez interviniente resolvió hacer lugar al mismo.
De acuerdo a la acusación, el 29 de julio pasado, al mediodía, tres sujetos ingresaron a un domicilio de barrio Sur, golpearon al dueño de casa, sustrajeron dinero y escaparon.
