El decreto 70/2023 del presidente argentino genera fuertes reacciones y múltiples demandas judiciales por parte de organizaciones sociales y sindicatos.
A casi una semana de la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del presidente Javier Milei, y su gabinete, se desata una cascada de demandas judiciales contra la medida que busca la desregulación económica del país. La primera demanda fue presentada un día después de que Milei anunciara en cadena nacional más de 300 reformas incluidas en el decreto, que aún debe ser aprobado en el Congreso donde el oficialismo carece de apoyo parlamentario suficiente.
Organizaciones sociales y sindicales argumentan la falta de emergencia para tomar medidas económicas tan severas y plantean la nulidad del decreto 70/2023. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez y otros denunciantes sostienen que el presidente intenta «sustituir la función legislativa del Congreso y violar la división de poderes».
Se suman acusaciones de que el Gobierno busca «demoler la sociedad argentina» con una estrategia antidemocrática e inconstitucional. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, respaldó la medida y la consideró «completamente legítima», aunque reconoce posibles reparos de sectores afectados. En ese sentido, Cúneo afirma que la Justicia deberá analizar imparcialmente el DNU y enfatizó que no teme a la ilegalidad.
Los recursos presentados iniciarán su tramitación en el Fuero Contencioso Administrativo, pero podrían llegar a otros tribunales del país. La atención se centra en la Corte Suprema de Justicia, que podría fallar en contra del decreto, como ya lo hizo en dos ocasiones respecto a DNUs, enfatizando su necesidad de validación parlamentaria y uso excepcional.
Mientras tanto, el Gobierno busca aliados en la Cámara de Diputados para respaldar el DNU, especialmente entre los diputados de la coalición Juntos por el Cambio. En las calles, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a movilizaciones contra el decreto, que ha generado protestas sonoras en Buenos Aires y otras ciudades.
El DNU, sancionado el pasado miércoles, propone una completa reforma económica con medidas como la privatización de más de sesenta empresas públicas y la derogación de leyes, generando incertidumbre sobre su entrada en vigencia. EFE
