La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I del MPF solicitó la extensión de la medida de coerción de máxima intensidad por otros dos meses. La causa fue declarada como asunto complejo.
Este lunes 12 de agosto, a pedido de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I del MPF, a cargo de Diego López Ávila, se desarrolló una audiencia de la prórroga de la prisión preventiva que viene cumpliendo un masculino apodado “Tito”, quien está acusado por el delito de asociación ilícita en calidad de miembro, por los hechos ocurridos entre mayo y noviembre de 2023. Al referirse a los riesgos procesales, la auxiliar de fiscal Fernanda Antoni Piossek indicó que no han cesado (conforme a lo expuesto en la audiencia de formulación de cargos del 12 de junio).
“Las actividades de la asociación se habrían realizado no solamente en Tucumán sino también en otras provincias, por ejemplo, Buenos Aires. Uno de sus miembros tenía incluso viajes a Bolivia en circunstancias en las que se trasladaban los vehículos. Se valoró el poder para desplazarse dentro del ámbito territorial y del extranjero”, mencionó la investigadora. “El imputado fue vinculado en esta causa por el análisis criminal realizado en el marco de un dispositivo del cual se extrajeron los datos mediante UFED”, explicó la Auxiliar de Fiscal. Para finalizar, la jueza actuante resolvió hacer lugar al requerimiento de la Fiscalía.
La acusación
Desde el mes de mayo 3 y hasta aproximadamente fines del mes de noviembre de 2023, dentro del territorio de nuestra provincia, “Tito” y otros, entre ellos, dos policías, previo acuerdo de voluntades, división de tareas y de roles asignados a cada uno, desempeñándose dos como jefes y el resto como miembros de la organización, en forma habitual y permanente, reiterada y sistemática se asociaron solidaria y dolosamente con una finalidad delictiva. El principal objetivo era conseguir beneficios patrimoniales y económicos mediante la obtención, en forma constante, de rodados, entre ellos motocicletas, automóviles y camionetas, con pleno conocimiento de que los mismos habían sido utilizados en hechos ilícitos o sustraídos, y que se encontraban denunciados como robados. Del mismo modo operaban para la obtención en forma constante de armas de fuego sin la correspondiente autorización legal para su tenencia y/o portación y su posterior venta entre los miembros de la asociación, que tampoco contaban con la correspondiente autorización legal. Debido a la situación irregular en que se encontraban estos vehículos, los miembros de la asociación los adquirían mediante compras o transacciones informales, es decir, sin la documentación pertinente o sin efectuar la correspondiente transferencia. Asimismo, a fin de evitar que estos vehículos sean individualizados, modificaban sus características externas, ya sea cambiando su color, quitándole sus chapas patentes o cambiando las mismas por otros dominios, adquiriendo de esta forma incluso rodados desde otras provincias (como ser Buenos Aires). Una vez obtenidos los mismos, como parte del plan criminal, utilizaban documentación apócrifa de los vehículos y así procedían a venderlos, simulando que no contaban con pedido de secuestro o no se encontraban siendo buscados por la justicia en el marco de investigaciones penales.
