En una decisión histórica, el Senado de Uruguay aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley denominado “Muerte digna”, que despenaliza la eutanasia y la muerte asistida bajo determinadas condiciones. Con 20 votos a favor sobre un total de 31 parlamentarios presentes, el país se convirtió en el primero de América Latina en legalizar la práctica mediante una ley.
La iniciativa, impulsada por el Frente Amplio (FA), ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados desde agosto pasado. Con esta aprobación, Uruguay se suma a una lista de naciones que permiten este procedimiento, entre ellas Canadá, España, Holanda y Nueva Zelanda. En América Latina, Colombia y Ecuador habían despenalizado la eutanasia, pero a través de fallos judiciales, no legislativos.
La nueva ley establece que podrán solicitar la eutanasia quienes sean mayores de edad, ciudadanos o residentes en Uruguay, psíquicamente aptos, y que se encuentren en etapa terminal de una patología incurable o padezcan sufrimientos físicos o psíquicos insoportables que deterioren gravemente su calidad de vida.
El texto aprobado determina que el médico tratante podrá rechazar el pedido, y el paciente tendrá derecho a recurrir a otro profesional. Si este también se niega, una junta médica evaluará el caso. Esta junta estará integrada por tres médicos, incluyendo un psiquiatra, un especialista en la patología y un tercer profesional definido por la reglamentación. También se prevé que las instituciones médicas puedan rechazar la práctica.
Si el médico acepta la solicitud, deberá presentarla ante un segundo profesional, quien revisará el historial clínico y realizará una consulta presencial con el paciente. Si ambos coinciden, el procedimiento podrá continuar. El solicitante deberá además manifestar su voluntad por escrito y ante testigos, y podrá revocar su decisión en cualquier momento.
La ley también prevé la creación de una Comisión de Revisión de Casos, que reportará anualmente los procedimientos realizados y sus resultados.
Podrán ofrecer la eutanasia la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), las mutualistas privadas sin fines de lucro, los seguros privados, el Hospital de Clínicas, la Sanidad Militar y la Sanidad Policial. Sin embargo, las clínicas privadas no estarán autorizadas a realizar estos procedimientos. A nivel legal, toda eutanasia practicada será considerada una muerte natural.
Entre los testimonios que marcaron el debate se destaca el de Florencia Salgueiro, integrante de la agrupación Empatía, quien presenció la lucha de su padre, Pablo Salgueiro, enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que buscaba asistencia para morir sin sufrir. “La clave de esta ley es respetar la voluntad de quien no quiere seguir sufriendo”, expresó.
También se conoció la historia de Beatriz Gelós, paciente de ELA, quien manifestó su alivio al saber que la legislación finalmente reconoce el derecho a decidir sobre el propio final.
Según una encuesta de la consultora Cifra, el 62% de los uruguayos se manifestó a favor de legalizar la eutanasia, mientras que solo el 24% se opuso.
Por su parte, el Colegio Médico del Uruguay optó por no fijar una postura institucional, aunque colaboró en la redacción del texto legal “para asegurar las máximas garantías tanto para pacientes como para médicos”, indicó su presidente, Álvaro Niggemeyer.
En contraposición, la Iglesia Católica expresó su “profunda tristeza” ante la aprobación y reiteró su oposición al procedimiento. Además, más de una decena de organizaciones civiles calificaron la ley como “deficiente y peligrosa”, argumentando que no protege suficientemente la vida.
Uruguay, conocido por su tradición de aprobar leyes progresistas como el matrimonio igualitario, la regulación del cannabis y la interrupción voluntaria del embarazo, suma ahora una nueva normativa que lo coloca nuevamente en el centro del debate regional sobre los derechos individuales y el final de la vida.
