El juez federal Sebastián Ramos consideró acreditado que el dirigente social encabezó el ingreso al edificio cerrado y custodiado. Lo imputó por violación de domicilio y resistencia a la autoridad. La medida alcanza también al militante Valentín Peralta.
El juez federal Sebastián Ramos procesó al dirigente social y diputado de Unión por la Patria Juan Grabois por la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ocurrida el 7 de junio de 2025, y le impuso un embargo de $5 millones sobre sus bienes. La resolución lo imputa por los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad, en una causa impulsada por el Ministerio de Capital Humano, del que dependía el edificio.
En el mismo fallo, el magistrado también procesó al militante Valentín Peralta, señalado como otro de los protagonistas de la ocupación, sobre quien recayó un embargo de un millón de pesos. Se trata del primer procesamiento formal que recibe Grabois por este tipo de acciones.
Según la resolución, el juez tuvo por acreditado que Grabois ingresó junto a un grupo de manifestantes al inmueble sin autorización, cuando el edificio permanecía cerrado y bajo custodia, y que permaneció en el lugar durante al menos dos horas, instando a los presentes a resistir el accionar de la Policía Federal. La irrupción derivó en incidentes que dejaron efectivos policiales heridos y destrozos materiales en las instalaciones.
Para sostener la imputación, el juzgado se apoyó en testimonios, registros fotográficos y filmaciones de las cámaras de seguridad. De acuerdo con el fallo, las imágenes muestran a Grabois avanzando desde el bar lindero —Un Café con Perón, conectado al Instituto por una puerta interna— hacia el edificio, encabezando al grupo tras la caída de una placa de durlock y un ventilador. El magistrado consideró que esas imágenes resultaban contundentes para desmentir la versión de la defensa. También pesó en su contra haber convocado públicamente en redes sociales a «defender» el Instituto, que según el dirigente había sido «usurpado».
Qué dice la defensa de Grabois
La defensa de Grabois, a cargo del abogado Nicolás Rechanik, rechazó las acusaciones y sostuvo que el dirigente se presentó en el lugar únicamente en su carácter de abogado de la cooperativa que administraba el espacio gastronómico lindero, sin haber participado de la planificación ni de la ejecución de la toma. El juez descartó ese planteo y consideró probada su participación activa en los hechos.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la entonces ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y avanzó pese a múltiples planteos de la defensa que buscaron frenar el proceso. El expediente había sido ratificado previamente por la Cámara Federal porteña. En paralelo, continúa pendiente en la Corte Suprema la resolución de un recurso presentado por la defensa para evitar la apertura del teléfono celular secuestrado al dirigente, con el que la Justicia pretende determinar si la toma fue organizada.
El procesamiento no implica una condena, sino un paso clave dentro del proceso penal: a partir de ahora, la causa podría avanzar hacia una eventual instancia de juicio oral si se confirman los elementos reunidos. El Ministerio de Capital Humano, que interviene como querellante, solicitó nuevas medidas de prueba para identificar al resto de los participantes de la ocupación.
