El Centro de Estudios Legales y Sociales alertó sobre la “criminalización” de manifestantes y organizaciones.
En un comunicado emitido hoy, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresó su preocupación y rechazo al protocolo antipiquetes anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Según el CELS, estas medidas tienen como objetivo principal «impedir con represión la protesta social» y generan una preocupante escalada en la criminalización de quienes ejercen su derecho a manifestarse y de las organizaciones que los respaldan.
«Ahora, más que una limitación del uso de la fuerza policial hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes», destacó el CELS, y consideró que las medidas «atacan el derecho a la protesta, criminalizan a quienes se manifiestan y persiguen a la organización social y política».
Además, «pretenden saltarse la intervención judicial, lo que limita derechos y garantías, y en medio de un brutal ajuste con graves consecuencias sociales y bajo la promesa de orden busca suprimir las manifestaciones públicas contra los efectos de las medidas oficiales», añadió la organización.
Victoria Darraidou, coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS, manifestó su alarma ante los anuncios de Bullrich, considerándolos «alarmantes y preocupantes». Darraidou criticó la falsa idea de orden que, según ella, se plantea para abordar la conflictividad mediante la represión de la protesta social, tratándola como si fuera un delito.
El CELS también expresó su «preocupación» por la posibilidad de impedir la llegada de manifestantes a través de controles en estaciones de trenes, cuestionando la efectividad de esta medida y señalando que podría afectar a personas que simplemente se están trasladando hacia una protesta sin incurrir en flagrancia.
Además, Darraidou destacó la gravedad de la persecución a personas que deciden manifestarse con sus familias y la criminalización de organizaciones políticas y sociales, lo que podría desalentar la participación en la vida política.
En relación con la presencia de niños y adolescentes en las manifestaciones, el CELS considera «gravísimo» cualquier intento de criminalizar a quienes eligen protestar con sus familias. También cuestiona el uso de armas consideradas «no letales» por el gobierno, como balas de goma o pistolas Taser, señalando que estas pueden generar graves daños e incluso causar muertes en contextos de protestas sociales.
