Las normas fijan la hoja de ruta económica con metas de superávit, baja de la inflación y un régimen que busca blanquear los “dólares del colchón” sin castigos penales.
Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal: cómo impactan en la economía y en los ahorros
El Gobierno nacional promulgó, a través del primer Boletín Oficial de 2026, la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, dos normas que el oficialismo considera clave para la nueva etapa del plan económico. Ambas llegaron a esta instancia luego de ser aprobadas en el Senado el 26 de diciembre, con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención.
El Presupuesto 2026 prevé un gasto total de $148 billones, con la meta de lograr un superávit primario equivalente al 1,2% del PBI, una inflación proyectada del 10,1% anual, un dólar a $1423 para diciembre de 2026 y un crecimiento económico del 5% del PBI.
La mayor parte del gasto se concentrará en servicios sociales, con unos $106,5 billones, seguida por deuda pública (alrededor de $14,1 billones) y servicios económicos ($11,4 billones). El texto también fija restricciones para cubrir vacantes en la administración pública, con excepciones para áreas sensibles como Salud, Seguridad y Defensa, reforzando la idea de ajuste del gasto y equilibrio fiscal.
Dentro del detalle presupuestario, el Gobierno proyecta:
- Crecimiento del PBI del 5%.
- Inflación anual del 10,1%.
- Dólar oficial a $1423 en diciembre de 2026.
- Superávit primario de 1,5% del PBI y superávit financiero de 0,2%.
- Exportaciones con un incremento del 10,6% hacia fin de año.
- Asignación de $4,8 billones para las universidades nacionales.
- Un aumento del 5% en jubilaciones, 17% más en Salud y 8% adicional en Educación.
El oficialismo presenta al Presupuesto como una combinación de “equilibrio fiscal con prioridad social”, con foco en superávit, control de la inflación y reactivación de la actividad económica.
Qué cambia con la Ley de Inocencia Fiscal y los “dólares del colchón”
En paralelo, el Ejecutivo promulgó el Régimen Penal Tributario y de Procedimiento Tributario, conocido como Ley de Inocencia Fiscal, que redefine la relación entre el fisco y los contribuyentes y busca incentivar el uso de los ahorros en dólares fuera del sistema bancario.
La norma se apoya en la idea de que el contribuyente es considerado cumplidor salvo prueba en contrario, modificando criterios de fiscalización y actualizando los umbrales penales para delitos tributarios. No elimina impuestos ni borra antecedentes, pero sí introduce un marco más flexible para quienes decidan blanquear y utilizar sus ahorros.
Uno de los puntos centrales es que habilita a los contribuyentes a usar hasta $100 millones de sus ahorros sin enfrentar sanciones, siempre que cumplan con las condiciones del régimen. Quedan excluidos de este beneficio quienes declaren ingresos anuales superiores a $1.000 millones, tengan un patrimonio mayor a $10.000 millones o estén categorizados como grandes contribuyentes nacionales.
La ley no modifica la normativa de prevención de lavado de activos ni las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), por lo que el esquema de controles antilavado sigue vigente.
