La medida fue dispuesta por la fiscalía luego de que la División Delitos Telemáticos identificara un número telefónico vinculado a un mensaje difundido en un grupo de WhatsApp de estudiantes. La Justicia también ordenó secuestrar el celular utilizado.
San Miguel de Tucumán, 17 de abril de 2026. Un hombre fue demorado este viernes en el marco de la investigación por amenazas difundidas en una escuela de la capital tucumana. Según informó la Policía, se trata del padre de un alumno que quedó identificado tras el rastreo de un mensaje que había sido viralizado en un grupo de WhatsApp de estudiantes de un establecimiento de la zona sur.
La jefa de la División Delitos Telemáticos y Económicos, Juana Estequiño, explicó que la amenaza fue detectada alrededor del mediodía y que la investigación avanzó con rapidez porque el contenido ya circulaba entre alumnos del colegio. A partir de ese material, los investigadores lograron identificar el número telefónico, luego al estudiante y finalmente a su progenitor, situación que fue comunicada de inmediato a la fiscalía, que ordenó la demora.
“Se identificó el número telefónico, al alumno y luego a su progenitor”, indicó la comisario principal al detallar el procedimiento. Además, precisó que la Justicia dispuso el secuestro del celular presuntamente utilizado para emitir la intimidación.
De acuerdo con la versión oficial, se trata de la primera persona demorada en esta serie de amenazas que comenzaron a tomar estado público desde el martes y que afectaron tanto a instituciones de la capital como del interior. La investigación continúa para determinar si hay otros menores y adultos involucrados, mientras personal técnico y judicial sigue recorriendo establecimientos para reunir evidencia.
El caso se produce en medio de un endurecimiento de las medidas de seguridad en las escuelas tucumanas. El miércoles, el gobernador Osvaldo Jaldo firmó el Decreto N.º 772/7 M.S., que refuerza la prevención, el control y las sanciones frente a hechos de violencia, amenazas y alteraciones del orden público en establecimientos educativos. La norma también fija responsabilidades para padres, tutores y directivos, y contempla sanciones administrativas y judiciales.
En paralelo, la Policía desplegó 2.500 efectivos para custodiar escuelas públicas y privadas de la provincia ante la seguidilla de amenazas registradas en las últimas horas. Desde la fuerza advirtieron que estos hechos constituyen un delito y remarcaron que el objetivo es llevar tranquilidad a alumnos, docentes y familias mientras avanzan las pesquisas.
