La abogada previsional Cecilia Ortiz fue entrevistada por Virginia Almirón Matteucci en Tucumán con Todo, por la pantalla de América Tucumán, y explicó qué alternativas siguen vigentes tras el vencimiento de una de las moratorias. También advirtió sobre la precariedad de los haberes y la demora en los reajustes.
En un contexto de cambios, incertidumbre y creciente judicialización del sistema previsional, la abogada previsional Cecilia Ortiz remarcó que en la Argentina todavía existen distintos caminos para acceder a una prestación, aunque ya no con la lógica más extendida de años anteriores. Al analizar la situación actual del acceso a jubilaciones y los distintos regímenes vigentes, sostuvo que, tras el vencimiento de una de las herramientas de regularización para quienes ya estaban en edad jubilatoria, el escenario obliga a anticiparse, revisar aportes y definir qué vía corresponde en cada caso.
Ortiz detalló que una de las vías vigentes es el Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores en actividad, previsto por la Ley 27.705, que permite empezar a regularizar aportes antes de llegar a la edad jubilatoria. Según ANSES, pueden usarlo mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64, para cancelar períodos faltantes y llegar con mejor situación al momento del retiro. A eso se suman otras herramientas como el Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado para mujeres con hijos, el retiro por invalidez para quienes cumplen con los requisitos médicos y previsionales, la PUAM desde los 65 años y la PNC por vejez desde los 70 para personas en situación de vulnerabilidad.
En esa línea, la letrada insistió en que el acceso no desapareció, pero sí se volvió más fragmentado y más complejo. En vez de un camino uniforme de 30 años de aportes y edad cumplida, hoy conviven distintos regímenes que exigen mirar la historia laboral concreta de cada persona. Sobre ese punto, vinculó la dificultad para jubilarse con la alta informalidad laboral, un problema estructural que impide que muchos trabajadores lleguen a los 30 años de aportes efectivos exigidos por el sistema. El propio esquema vigente de ANSES combina hoy moratorias históricas, reconocimiento por tareas de cuidado y planes de pago para trabajadores en actividad, lo que refleja esa fragmentación del acceso.
Uno de los tramos más críticos de la entrevista estuvo puesto en el monto real de las prestaciones. Ortiz señaló que estas alternativas funcionan muchas veces como una contención mínima, pero no resuelven el deterioro del ingreso de los adultos mayores. En abril de 2026, el haber mínimo del SIPA es de $380.319 y el Gobierno nacional otorgó un bono extraordinario de hasta $70.000 para las prestaciones alcanzadas; en el caso de la PUAM, el monto base equivale al 80% del haber mínimo. Para la especialista, aun con esos mecanismos, los ingresos siguen quedando por detrás de los gastos cotidianos de los jubilados, especialmente en rubros como medicamentos y atención de salud.
La abogada también apuntó contra la demora de los juicios por reajuste de haberes, una pelea que, según planteó, se repite desde hace años bajo gobiernos de distinto signo político. En su descripción, los jubilados reclaman administrativamente, luego litigan en la Justicia Federal y muchas veces enfrentan apelaciones sucesivas antes de llegar al cobro efectivo. ANSES, por su parte, mantiene un circuito específico para el pago de sentencias y retroactivos, pero Ortiz advirtió que la lentitud del proceso termina afectando a una población especialmente vulnerable: muchos adultos mayores, dijo, no llegan a ver resuelto su reclamo.
Así, el eje de su análisis fue claro: jubilarse todavía es posible, pero requiere información previa, estrategia y asesoramiento.
