En el marco de las tareas preventivas y de seguridad implementadas por la Policía de Tucumán durante los actos oficiales por el Día de la Independencia, se realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Los Pinos, en la localidad de El Corte, municipio de Alderetes, a raíz de amenazas vertidas contra el presidente Javier Milei en redes sociales.
La acción fue ejecutada por personal especializado de la División Cibercrimen del Departamento de Inteligencia Criminal, con el objetivo de prevenir cualquier tipo de delito que pudiera atentar contra la vida, la integridad física o el orden público durante la visita presidencial prevista en Tucumán para los días 8 y 9 de julio.
El procedimiento se originó a partir de un exhaustivo monitoreo realizado por esta división en portales de información pública y redes sociales, como parte de su labor de vigilancia ante eventos de alta exposición institucional. Fue así como los efectivos detectaron un comentario publicado en Facebook, en el que una usuaria realizaba una amenaza de forma implícita contra el presidente de la Nación, Javier Milei, en relación con su estadía en Tucumán durante la vigilia del 9 de Julio.
Tras identificar el perfil y analizar el contenido del mensaje, el equipo especializado procedió a solicitar las medidas judiciales pertinentes ante la Unidad Fiscal de Usurpaciones y Estafas, organismo que autorizó el allanamiento del domicilio señalado.
El operativo tuvo lugar en una vivienda particular ubicada en el barrio Los Pinos, donde los agentes procedieron al secuestro de un teléfono celular, elemento que será ahora sometido a peritajes técnicos con el fin de avanzar en la investigación y determinar el alcance y la intencionalidad del mensaje emitido.
Desde el Departamento de Inteligencia Criminal señalaron que estas tareas se enmarcan en una estrategia integral de prevención y que la detección de amenazas de este tipo constituye una prioridad en eventos que involucran la presencia de altas autoridades del Ejecutivo nacional.
Además, las autoridades policiales indicaron que estos controles responden a la necesidad de garantizar un desarrollo seguro de las actividades oficiales y de brindar protección frente a todo acto que busque alterar la paz pública o ponga en riesgo a los participantes y al personal institucional.
Este caso pone de manifiesto el creciente papel de las unidades especializadas en ciberdelitos dentro del esquema de seguridad pública, así como la importancia de la articulación entre la justicia y las fuerzas de seguridad ante situaciones que se originan en entornos digitales, pero que pueden tener consecuencias reales.
Hasta el momento, no se ha informado sobre una imputación formal, aunque la causa sigue su curso con intervención de la Justicia, que deberá determinar si el hecho configura un delito penal o una falta contravencional, en función de los elementos que surjan del análisis del dispositivo incautado.
