Con la decisión irrevocable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dejar firme la condena contra José Fernando Orellana, el legislador famaillense presentó su renuncia indeclinable a la banca que ocupaba en la Legislatura tucumana. La vacante será ocupada por Patricia Lizárraga, exintendenta de Famaillá y ex cuñada del ahora exlegislador.
El caso contra Orellana se remonta a noviembre de 2016, cuando fue denunciado por una secretaria del Congreso Nacional por abuso sexual simple. Según la investigación, la víctima ingresó al despacho del entonces diputado y fue abordada físicamente, siendo sujetada y besada sin consentimiento. A pesar de que en 2018 había sido inicialmente sobreseído, la causa fue reabierta a instancias de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº47 y la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres). La investigación derivó en un juicio oral que culminó en 2022 con una condena de tres años de prisión y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El tribunal que lo sentenció también ordenó la inscripción del perfil genético de Orellana en el registro de delitos contra la integridad sexual. La sentencia fue ratificada en 2024 por la Cámara Nacional de Casación Penal, y finalmente por la Corte Suprema, cuyos jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron el recurso de queja de su defensa por no cumplir los requisitos formales.
Ante este escenario judicial adverso, Orellana decidió anticiparse a la posible expulsión institucional y presentó su renuncia al cargo. En una nota dirigida al vicegobernador Miguel Acevedo, el exdiputado manifestó: “Esta decisión responde a motivos de índole personal y ha sido tomada con plena conciencia y responsabilidad respecto del rol institucional que he tenido el honor de ejercer”.
Orellana había accedido a su banca en 2023 como cabeza de lista del acople Tucumán Innovador, acompañado por Adriana Najar, quien actualmente se desempeña como parlamentaria. De acuerdo con el orden de suplencias de esa lista, corresponde que Patricia Lizárraga sea quien ocupe el escaño vacante en la próxima sesión legislativa, aún sin fecha confirmada.
La figura de Lizárraga no es ajena al ámbito político de Tucumán. Se trata de una dirigente con trayectoria en Famaillá, donde ejerció el cargo de intendenta. Su vínculo personal con Orellana —al haber sido cuñada del exdiputado— le añade un matiz particular al traspaso de la banca, aunque el proceso de reemplazo se enmarca estrictamente dentro del esquema institucional de suplencias.
Pese a su renuncia, el exdiputado insiste en su inocencia. En declaraciones recientes, sostuvo que la denuncia fue “un invento” para perjudicar su carrera política y anunció que continuará peleando judicialmente por limpiar su nombre.
