El gobernador confirmó que ya hubo al menos 15 denuncias por pintadas amenazantes en establecimientos de la provincia y defendió la aplicación plena del decreto firmado esta semana, que prevé expulsiones, responsabilidades para padres y mayor intervención policial.
San Miguel de Tucumán, 17 de abril de 2026. En medio de la seguidilla de amenazas de tiroteo registradas en escuelas tucumanas, el gobernador Osvaldo Jaldo endureció el tono y aseguró que la Provincia aplicará “el 100% del decreto del Poder Ejecutivo” para frenar estos episodios. En declaraciones periodísticas, sostuvo que no se seguirán tolerando este tipo de acciones por parte de estudiantes y remarcó que se trata de conductas que deben ser abordadas con sanciones, contención y límites claros.
El mandatario insistió en que las amenazas de tiroteo constituyen un delito y afirmó que la respuesta oficial combinará medidas disciplinarias, intervención judicial y acompañamiento institucional. “Los padres tienen que hacerse cargo, los docentes acompañar y el Gobierno poner límites”, señaló al plantear un abordaje integral frente a una situación que, según afirmó, ya alteró la vida escolar en distintos puntos de la provincia.
El eje de esa respuesta es el Decreto N.º 772/7 del Ministerio de Seguridad, firmado el 15 de abril, que ordena reforzar la prevención, el control y las sanciones frente a amenazas y hechos de violencia en establecimientos educativos. La normativa dispone que autoridades y directivos serán responsables del resguardo de los alumnos, prevé la posibilidad de expulsión del sistema educativo provincial durante el ciclo lectivo, fija responsabilidad administrativa y judicial para padres, tutores y responsables legales, y contempla que, en hechos graves y con intervención judicial, los menores puedan ser trasladados al Instituto Brochero de Benjamín Paz. También advierte que los colegios podrían perder subsidios o aportes estatales si incumplen sus obligaciones de cuidado.
Jaldo sostuvo además que, hasta el momento, se registraron al menos 15 denuncias en instituciones de la provincia por pintadas amenazantes en baños y otros sectores de los edificios escolares. En paralelo, el Gobierno provincial reforzó la vigilancia en los establecimientos: el jefe de Policía, Joaquín Girvau, confirmó este viernes que fueron desplegados 2.500 efectivos de distintas unidades regionales para controles y recorridos preventivos.
En ese contexto, desde el Ministerio de Educación recordaron que sigue vigente la “Guía Provincial para el Abordaje de Situaciones Problemáticas Complejas”, aprobada en octubre de 2025, y convocaron a autoridades, docentes, personal no docente y familias a reforzar el diálogo y la prevención. El comunicado oficial también reiteró que deben cumplirse las disposiciones del decreto reciente y pidió preservar a la escuela como un espacio seguro, cuidado y pacífico.
La nueva posición oficial marca un endurecimiento frente a una problemática que en los últimos días ganó centralidad en Tucumán. Con el decreto ya en vigencia, la Provincia busca enviar una señal de tolerancia cero ante amenazas que generan alarma en las comunidades educativas, aunque el propio Gobierno reconoce que el fenómeno requiere, además de castigo, una intervención conjunta de la escuela, las familias y el Estado.
