Desde que se inició la investigación, fueron identificadas 32 víctimas, quienes habrían invertido cifras millonarias en pesos argentinos y en dólares. El Ministerio Fiscal logró que se extienda por cuatro meses la prisión preventiva para el sujeto, y arresto domiciliario con pulsera electrónica, para su ex esposa.
A solicitud de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, este martes 22 de abril, se llevó adelante una audiencia con el propósito de declarar legal la detención, formular nuevos cargos, pedir medidas de coerción y solicitar la prórroga de la prisión preventiva en contra de una mujer (quien sería la ex esposa del encartado) y del dueño de una financiera que operaba en un edificio de calle Lamadrid al 456, en barrio Sur de San Miguel de Tucumán.
En representación de María del Carmen Reuter la titular de la UFI, la auxiliar de fiscal, María Paula Bellomio le endilgó ser presunta coautora del delito de estafas reiteradas, por lo que ya son 32 hechos en total.
La investigadora solicitó que a la imputada se le imponga el arresto domiciliario por el término de seis meses, con tobillera electrónica y rondas policiales sorpresivas, alegando que la mujer es madre de un niño con discapacidad y debe priorizarse el resguardo del menor. Asimismo, requirió que se extienda la prórroga de prisión preventiva del sujeto, por el mismo plazo. El juez actuante hizo lugar parcialmente a lo solicitado por el Ministerio Fiscal, otorgando las medidas por el término de cuatro meses.
Pedido de disculpas
Al momento de declarar, el imputado, pidió disculpas a todas las víctimas, aduciendo que “el negocio se le fue de las manos” y que habría intentado por todos los medios solucionar el conflicto generado.
Bellomio por su parte, dijo no creer en las palabras del encartado, ya que contaba con las pruebas suficientes, como ser documentos y chats, que probarían la culpabilidad de ambos imputados. También se refirió a las víctimas que fallecieron esperando la devolución de su dinero. “Yo también voy a representar a las víctimas que ya no están. Una de ellas murió a causa de una enfermedad, mientras esperaba la devolución de su dinero, que casualmente necesitaba para su tratamiento. El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales se encuentra analizando CD’S, y otros tipos de elementos que se incautaron en allanamientos”.
La acusación
El imputado junto a su esposa, ambos actuando en forma conjunta como socios de una financiera, donde entre otras actividades, se dedicaban a celebrar contratos de mutuos onerosos con la percepción de capital de propiedad de la víctima y su posterior reintegro con más sus intereses pactados en el contrato. Así, diseñaron un plan estratégico para aparentar ser solventes frente a la multiplicidad de clientes que habían depositado sus ahorros y capitales en su financiera. Dicho plan arrancó aproximadamente en el año 2021 cuando la mujer, cede a un tercero sus acciones correspondientes a la financiera, sin inscribir dicho acto en el registro público de comercio, asimismo fingen entre ambos un juicio de divorcio en sede civil, todo ello a sabiendas de que la empresa ya se encontraba en una situación económica crítica y con el claro objetivo de perjudicar a su cartera de clientes. Es así que ambos comenzaron a no hacer frente a lo pactado, fingiendo ante los clientes que darían cumplimiento a sus obligaciones; por lo que en el período aproximado que va desde junio a diciembre del año 2023 comenzaron a evadir los reclamos. Les hacían creer a algunos de sus clientes que la empresa ya no tenía sus oficinas en calle Lamadrid 456, donde habitualmente funcionaba. Libraban cheques en forma de garantía de los contratos de mutuo que celebraban y que hacían renovar a sus clientes por un plazo de seis meses, a sabiendas que no podrían hacer frente a la devolución del capital y sus intereses, cheques que nunca pudieron ser cobrados porque se trataban de cuentas bancarias cerradas, abusando de esa manera de la confianza que sus clientes habían depositado en la financiera.
